Exjefes de la UCO niegan a Mercedes González: sí hubo presiones
Dos exmandos de la UCO ratifican ante el juez Pedraz que recibieron órdenes de
El juez Santiago Pedraz ha recibido este lunes un respaldo contundente —y contradictorio— a su investigación: dos exjefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil admitieron bajo juramento que recibieron órdenes directas para "ponerse de perfil" en causas que perjudicaban al Gobierno y al PSOE, incluyendo la del hermano del presidente. Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que dirigían la UCO en julio de 2024, confirmaron que el entonces director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, se desplazó personalmente a la sede de la unidad para exigir que "no hubiera nada" en los informes sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Un segundo encuentro, días después, reforzó la presión: Llamas preguntó directamente por el estado de la investigación, que finalmente quedó visto para sentencia semanas atrás.
Pero el testimonio más revelador no fue el de los mandos, sino el de quienes recibieron el encargo de aplicar esas presiones: el jefe del Estado Mayor, Leonardo Sánchez, y el general Antonio Cortés, responsables de abrir tres expedientes internos contra miembros de la UCO por supuestas filtraciones. Ambos admitieron ante Pedraz que esos procedimientos fueron una herramienta para silenciar a los investigadores, aunque aseguraron desconocer el origen de las órdenes. La trama se completa con el secretario del DAO, quien reconoció que Yuste y López Malo mintieron inicialmente sobre las presiones, pero luego confesaron ante agentes de la propia UCO que se sentían acorralados por la cúpula policial.
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se convirtió en la gran damnificada de estas declaraciones. En su comparecencia en el Senado la semana pasada, aseguró que había informado a los mandos de la UCO sobre sus contactos con Leire Díaz —la llamada "fontanera" del PSOE— y que nunca recibió presiones del DAO. Una versión que choca frontalmente con las actas de la investigación: Yuste declaró que González tachó el oficio de la UCO sobre el hermano de Sánchez de "totalmente prospectivo y malintencionado", y exigió un informe "analizado y sin contenido" para el 19 de julio de 2024.
El caso Leire Díaz, que investiga cómo el PSOE intentó desactivar causas judiciales incómodas, ha destapado una red de poder dentro de la Guardia Civil donde la política y la institución se entrelazan. Los expedientes abiertos contra miembros de la UCO, las contradicciones entre mandos y la presión directa del DAO a los investigadores dibujan un escenario donde la neutralidad judicial se negoció en los despachos. Y el juez Pedraz, que ya tiene en sus manos las actas de todas estas reuniones, parece decidido a llegar hasta el fondo. Mientras, la sombra de la corrupción institucional crece. Y la Fiscalía observa.