Marlaska exige a la Policía que desmienta el informe sobre Ceuta
Grande-Marlaska reclama al director general de la Policía que verifique un informe que atribuye a Marruecos la crisis migratoria en Ceuta. El Gobierno exige transparencia sobre el documento y analiza su impacto en la gestión de fronteras.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones urgentes al director general de la Policía, Francisco Pardo, sobre un informe filtrado que señala a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes como responsables de la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Marlaska exige no solo la verificación inmediata del documento, sino también aclarar cuánto tiempo llevaba la Policía Nacional manejando esta información, algo que, de confirmarse, podría haber alterado la respuesta institucional.
Según ha trascendido, el informe habría sido remitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a la Audiencia Nacional. El titular de Interior recuerda que, desde que el Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional el pasado 25 de agosto, cualquier alerta de este tipo debería haberse comunicado de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional y al mando único liderado por el ministro de Política Territorial. La falta de coordinación en un momento crítico suscita preguntas sobre la eficiencia en la toma de decisiones.
En su misiva, Marlaska no solo reclama transparencia, sino que subraya la necesidad de que el Gobierno disponga de información verificada para actuar con todas las herramientas constitucionales en materia de política interior y exterior. La crisis migratoria en Ceuta, con más de 5.000 personas cruzando la frontera en menos de 48 horas, ya había dejado en evidencia las carencias en la gestión de fronteras, y este nuevo episodio añade presión sobre la credibilidad de las instituciones.
Mientras el Ejecutivo evalúa el alcance de las filtraciones y su posible impacto en las relaciones con Marruecos, la oposición ya ha pedido comparecencias urgentes. El silencio oficial sobre el contenido del informe —y sobre los plazos en los que la Policía tuvo acceso a él— alimenta las sospechas de que podría haber habido un encubrimiento o, al menos, una falta de protocolos claros para actuar con celeridad en episodios de este tipo.
El Gobierno se juega su credibilidad en un momento en el que la gestión migratoria vuelve a ser el epicentro del debate político. Si el informe se confirma, las preguntas sobre por qué no se actuó antes serán inevitables. Si se desmiente, quedará la sombra de una filtración intencionada para desviar la atención de otros fallos en la política de fronteras.